INSTAR A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA QUE, DE MANERA URGENTE, ADOPTE LAS OPORTUNAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS Y SALVAMENTO DE CASTILLA Y LEÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La emergencia climática y los objetivos que el reto demográfico imponen, así como el desarrollo sostenible de los espacios forestales con la localización de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas han de concretarse en objetivos y criterios. Esta es la razón por la que es necesario dotarse de una política autonómica eficaz y determinante de prevención y extinción de los incendios y las emergencias en Castilla y León.
Ante los efectos incuestionables del cambio climático que se reiteran e intensifican año tras año, a lo largo de este año 2022 Castilla y León está padeciendo olas de calor e incendios sin precedentes. El 16 de junio el Gran Incendio Forestal de la Sierra de La Culebra, asoló más de 30.000 hectáreas, que unido a los más de 170 incendios que ha sufrido nuestra comunidad autónoma han provocado consecuencias socioeconómicas y ambientales de magnitudes desconocidas y trágicas, lamentando como sociedad heridos de gravedad entre los integrantes del operativo de extinción y la pérdida de dos vidas humanas, la del bombero forestal, Daniel Gullón Varas, y la de un ganadero de nuestra tierra.
Frente a estas circunstancias el PSOE en Castilla y León, ha mantenido una posición firme, responsable y propositiva planteando innumerables iniciativas parlamentarias en las últimas legislaturas, encontrando el rechazo sistemático en el Partido Popular.
No hace un año, ya en el gran incendio forestal de la Sierra de la Paramera (Ávila), quedó evidenciada de forma paradigmática, a lo que no se puso remedio alguno por la Junta de Castilla y León, la carencia de medios humanos y materiales, la falta de una óptima coordinación de los disponibles de la Junta de Castilla y León, cuya negligente actitud fue compensada por el extraordinario desempeño de profesionales y voluntarios del precario operativo autonómico y la cooperación institucional del resto de comunidades autónomas intervinientes junto a la Administración del Estado, y de manera singular la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, UME.
Para mayor abundamiento, el pasado 9 de agosto de 2021 el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, certificó el carácter irreversible de las consecuencias que condicionarán al planeta durante siglos en una Emergencia Climática.
La ONU reiteró que dichas consecuencias solo serán mitigables con hábitos, legislación y medidas que habrán de implementarse con absoluta inmediatez y en el marco de una declaración de alerta climática.
Las condiciones meteorológicas a lo largo de los últimos años en Castilla y León, España y el resto del mundo evidencian que los efectos del cambio climático se proyectan en el territorio, generando graves daños humanos y materiales, de forma imprevisible en relación con las temporalidades del pasado.
La reiterada aparición de estos episodios y catástrofes naturales de índole diversa (incendios, nevadas, viento e inundaciones), en ocasiones coincidentes, constituye otra de las razones para contar en Castilla y León, de carácter urgente, con un operativo y una legislación reguladora, trasversal e integradora de los servicios de prevención, extinción de incendios forestales y salvamento suficientemente dotados, tanto de medios humanos como materiales, perfectamente coordinados y operativo efectivamente a lo largo de todo el año.
Desde la Junta de Castilla y León, incumpliendo sistemáticamente la legislación vigente en materia de Protección Ciudadana, se ha venido despreciando de forma continuada a lo largo de los años a la sociedad castellana y leonesa, a los colectivos profesionales Intervinientes en el operativo, voluntarios, agentes ambientales, bomberos, bomberos forestales, a los sindicatos y sus continuas reivindicaciones, haciendo caso omiso a las reiteradas propuestas e iniciativas que el Grupo Parlamentario Socialista en las cortes de Castilla y León ha planteado.
De graves consecuencias para los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales cuando el pasado 29 de junio de 2022 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falla la nulidad de pleno derecho del Decreto 10/2021, de 31 de marzo, por el que la Junta de Castilla y León aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León, que previó la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.
El TSJ de Castilla y León, como ya hiciera en análogas sentencias en el año 2022, anula el Plan Sectorial por su disconformidad con el ordenamiento , por incumplir lo prevenido, entre otros preceptos legales, lo contenido en el decreto 43/2010 en lo referido a la falta de la información recabada de la consulta a los afectados, especialmente de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, razón por la que se constituye la Mesa Sectorial constituida al efecto de la que formaban parte la Federación Regional de Municipios y Provincias, los sindicatos
y los expertos, para la elaboración de dicho plan sectorial y cuyo acuerdo expreso no fue recabado.
Un plan sectorial nulo de pleno derecho al no contemplar, cuyas razones del fallo de la sentencia son la ausencia de forma expresa y concreta del impacto económico y la financiación que garantice la prestación del servicio esencial de protección ciudadana, la vulneración del principio de seguridad jurídica, así como los principios de no sustitución funcionarios en el ejercicio de la autoridad y complementariedad del voluntariado.
En la coyuntura de recuperación tras la pandemia, el PSOE ha venido realizando numerosas propuestas al respecto de la materia relacionadas con la custodia del territorio en cuanto a los servicios de extinción de incendios y emergencias en las Cortes de Castilla y León para que la Junta las propusiera para su inclusión en el Plan Nacional que España pudiera plantear ante la Unión en el marco del
«Next Generation UE».
Proyectos que nunca fueron presentados, por la Junta de Castilla y León, y que hubieran contado con garantías de elegibilidad dado su carácter estructural y esencial en el Marco del Plan Nacional dadas las determinantes, cualitativa y cuantitativamente, potencialidades de su territorio frente a retos como la transición ecológica, la repoblación para vertebrar los territorios optimizando su gestión sostenible, la cooperación transfronteriza, la digitalización de la economía y la mitigación de los efectos del cambio climático, para lo que es esencial custodiar el territorio, columna vertebral de lo que habría de ser un Servicio esencial público de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León.
Para el Grupo Provincial Socialista el reto climático es una prioridad de incidencia transversal, como la sanidad y la educación. Por ello consideramos que la Junta de Castilla y León debe adoptar medidas sin más dilación encaminadas a la protección de nuestro medio ambiente frente a los incendios forestales, así como frente al resto de emergencias, ocasionadas por los efectos de un cambio climático incuestionable.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:
- Instar a la Junta de Castilla y León a la derogación inmediata del Decreto 10/2021, de 31 de marzo, por el que la Junta de Castilla y León aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León.
- Instar a la Junta de Castilla y León a que, en el plazo de un mes, reúna la mesa sectorial, constituida el 27 de diciembre de 2018, formada por UGT, CCOO, CSIF y FRMP, para el inicio de las negociaciones conducentes a la tramitación y aprobación del nuevo Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León.
- Instar a la Junta de Castilla y León a que, en el plazo de un mes, en cumplimiento de la Disposición final tercera, de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León promueva la creación del Consorcio Autonómico de Bomberos para la prevención, extinción de incendios y salvamento de Castilla y León, garantizando la cofinanciación del 50 % del coste total de mantenimiento de dicho consorcio.
- Instar a la Junta de Castilla y León a que, durante el plazo de 3 meses proceda a la revisión, actualización y modificación del Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León, INFOCAL.
- Instar a la Junta de Castilla y León a que, de forma inmediata habilité el operativo coordinado de emergencias y prevención y extinción de incendios que, durante todo el año en todas las comarcas de la comunidad, esté dotado de medios humanos y materiales suficientes.
- Instar a la Junta de Castilla y León a que, en el plazo de 3 meses, inicie la tramitación en sede parlamentaria de la ley de Emergencia Climática de Castilla y León, mediante la presentación del correspondiente Proyecto de Ley.
- Instar a la Junta de Castilla y León a que, de inmediato, inicie en sede parlamentaria la tramitación de la ley reguladora de los servicios públicos de Prevención y de Incendios, Emergencias y Salvamento de Castilla y León, mediante la presentación del correspondiente Proyecto de Ley.
- Dar traslado de la presente proposición al Presidente de la Junta de Castilla y León, así como a todos los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León.
