El PSOE exige a la Junta que ninguna urgencia dental obligue a las familias a buscar una solución en la sanidad privada

  • Los procuradores y procuradoras socialistas por Valladolid consideran insuficiente la respuesta de la Consejería de Sanidad ante las carencias detectadas por el Procurador del Común

Los procuradores y procuradoras del Grupo Parlamentario Socialista por Valladolid han registrado una Proposición No de Ley para exigir a la Junta de Castilla y León que garantice una respuesta coordinada, adecuada y en tiempo útil ante las urgencias odontológicas en el Hospital Clínico Universitario y el Hospital Universitario Río Hortega.

La iniciativa surge a raíz de un caso ocurrido en Valladolid en el que un menor sufrió un traumatismo con avulsión de dos piezas dentales y, tras acudir al Hospital Clínico y ser derivado al Río Hortega, no pudo recibir el reimplante en ninguno de los dos centros, teniendo que recurrir finalmente a la sanidad privada. El caso motivó la intervención del Procurador del Común, que identificó una “insuficiencia organizativa” y reclamó un circuito asistencial que garantice una atención efectiva y una derivación adecuada cuando el primer centro no pueda prestar el servicio necesario.

Para el Grupo Socialista, la respuesta ofrecida posteriormente por la Consejería de Sanidad es insuficiente, ya que se limita a anunciar formación específica para el personal del Clínico y la dotación de material para la atención de traumatismos dentarios. “El problema no se soluciona únicamente con formación o con material. Lo que hace falta es que exista un circuito asistencial claro y conocido por los profesionales que permita derivar inmediatamente al paciente al centro adecuado”, señalan los socialistas.

Por ello, el PSOE reclama a la Junta que establezca un protocolo específico para las urgencias odontológicas en ambos hospitales, un circuito de derivación inmediata entre ellos, los medios y profesionales necesarios y formación específica para el personal de Urgencias.

La iniciativa pretende garantizar que las prestaciones de salud bucodental reconocidas por la normativa de Castilla y León, incluido el reimplante dentario en los supuestos previstos, puedan hacerse efectivas en la red sanitaria pública de Valladolid, sin que las familias tengan que recurrir a la sanidad privada por falta de organización o coordinación entre los hospitales.