El Grupo Municipal Socialista de Medina del Campo denuncia que el alcalde Guzmán Gómez Alonso podría haber incurrido en una serie de irregularidades en la realización de unas obras en una vivienda de su propiedad

El Grupo Municipal Socialista de Medina del Campo denuncia que el alcalde de Medina del Campo Guzmán Gómez Alonso podría haber incurrido en una serie de irregularidades en la realización de unas obras en una vivienda de su propiedad sita en Medina del Campo, realizando unas obras estructurales consistentes en la apertura de dos ventanas que no existían en el lateral cuyo predio colindante es el Teatro Olimpia, edificio de titularidad municipal, y la modificación de otras dos ventanas en la parte trasera de dicha vivienda. Estas irregularidades pueden suponer, no solo una infracción administrativa, si no un posible delito de prevaricación urbanística y administrativa.

INEXISTENCIA DE LICENCIA DE OBRAS
Las obras llevadas a cabo por el alcalde en la vivienda de su propiedad no contaron con la preceptiva licencia de obras. Este hecho ha sido reconocido por el propio equipo de gobierno. Se escuda en que únicamente con una declaración responsable es suficiente. Sin embargo, una obra de esa envergadura es notorio que, de conformidad con la legislación urbanística y el PGOU requiere de una licencia de obras con toda la documentación que nos es exigida a todos los ciudadanos.

POSIBLE COMISIÓN DE DELITOS
El Grupo Socialista advierte de que la actuación municipal en torno a estas obras puede trascender la mera irregularidad administrativa, pudiendo encajar en un presunto delito de prevaricación urbanística y administrativa (artículos 320 y 404 del Código Penal):

Protección del patrimonio público: Las obras del alcalde han alterado la fachada exterior abriendo dos nuevas ventanas que lindan de forma directa con un inmueble de titularidad municipal: el Teatro Olimpia. Estas ventanas incumplen flagrantemente los artículos 581 y 582 del Código Civil al superar ampliamente el tamaño de 20 x 20 centímetros permitido para tragaluces y no respetar la distancia mínima de dos metros con la propiedad pública.

Omisión deliberada del deber de inspección: Permitir la vulneración de la legalidad sobre un edificio público y silenciar la falta de licencias o inspecciones constituye un ejercicio arbitrario del poder público destinado a proteger los intereses
privados del señor alcalde.

Dos escritos ante la falsedad y ocultación del Equipo de Gobierno
La labor de fiscalización del PSOE comenzó con un primer escrito registrado el 3 de julio. La respuesta del Gobierno Municipal estuvo plagada de mentiras, falsedades y un intento deliberado de ocultar la información solicitada, escudándose en la figura de la declaración responsable para justificar la falta de controles e informes técnicos, que tampoco tenemos constancia de que se hubiera presentado.
Esta maniobra de opacidad obligó al Grupo Socialista a presentar un segundo escrito el 24 de julio, exigiendo transparencia y la aportación real de los expedientes de disciplina y tributos municipales.
Presupuesto «ridículo» y ocupación ilegal de la vía pública
A las infracciones arquitectónicas y de servidumbre de luces se suman dos graves hechos de naturaleza tributaria y de uso del espacio público:

Un presupuesto de ejecución inverosímil: De la documentación analizada resulta que el presupuesto de obra declarado es de únicamente 4.484,07 euros. Se trata de una cifra ridícula e irrisoria para una reforma estructural con apertura de huecos exteriores, orientada presuntamente a eludir o minorar de forma engañosa el pago de impuestos locales (ICIO) y tasas urbanísticas.

Contenedor sin licencia ni pago de tasas: Durante los trabajos se constató la instalación continuada de un contenedor de obra en la calle. Pese a que no consta ninguna otra obra en el entorno, el Gobierno local afirmó por escrito que «no consta el depósito de contenedor alguno», confirmando una ocupación ilegal del dominio público libre de tasas.

SI NO SE DAN LAS OPORTUNAS EXPLICACIONES VAMOS ACUDIR A LOS TRIBUNALES
Desde el Grupo Municipal Socialista remarcamos que no se va a tolerar que quien ostenta la alcaldía se sitúe por encima de la Ley, del planeamiento urbanístico y las ordenanzas fiscales, ni que la institución sea utilizada para encubrir presuntas actuaciones delictivas.
Si el alcalde Guzmán Gómez Alonso no ofrece explicaciones claras y no se restauran de inmediato la legalidad y el patrimonio municipal afectado, el PSOE acudirá formalmente a los tribunales de justicia para que la vía judicial arroje luz sobre esta situación y depure las responsabilidades que correspondan.