El PSOE exige a Mañueco que garantice los abortos en la Sanidad Pública de Valladolid y deje de obligar a las mujeres a acudir a una clínica privada
- Las procuradoras socialistas por Valladolid Patricia Gómez Urbán, Laura Pelegrina y Ana Casado registran una Proposición No de Ley para que la Junta garantice la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital público de referencia.
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para exigir a la Junta de Castilla y León que garantice que las mujeres de la provincia de Valladolid puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en su hospital público de referencia, sin depender exclusivamente de la derivación a una clínica privada concertada.
La iniciativa, presentada por las procuradoras socialistas por Valladolid Patricia Gómez Urbán, Laura Pelegrina y Ana Casado, recuerda que la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación sanitaria reconocida por la legislación vigente, que obliga a las administraciones públicas a garantizar su acceso efectivo dentro del Sistema Nacional de Salud.
Sin embargo, en Valladolid las mujeres continúan siendo derivadas a una clínica privada concertada para ejercer este derecho, lo que supone que una prestación incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud siga sin prestarse en el hospital público de referencia.
Las procuradoras socialistas denuncian que esta situación se agrava con la reciente apertura, en las inmediaciones de la clínica concertada, de un espacio promovido por la Fundación RedMadre, una entidad contraria a la interrupción voluntaria del embarazo. A su juicio, esta circunstancia puede generar situaciones de presión, intimidación o estigmatización hacia las mujeres cuando acuden a ejercer un derecho reconocido por la ley.
El PSOE recuerda que el ordenamiento jurídico español ha reforzado la protección de las mujeres frente a las conductas de acoso en las inmediaciones de los centros donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo, con el objetivo de garantizar que puedan acceder a esta prestación con plena libertad, intimidad, seguridad y dignidad.
Por ello, el Grupo Socialista considera que la Junta de Castilla y León no puede seguir eludiendo su responsabilidad y reclama que adopte las medidas necesarias para que esta prestación sanitaria se realice en el hospital público de referencia de Valladolid, en condiciones de igualdad, proximidad, privacidad y seguridad.
La Proposición No de Ley insta a la Junta a poner fin a una situación que obliga a las mujeres de Valladolid a depender de una clínica privada para ejercer un derecho que debe estar plenamente garantizado por la sanidad pública.
Patricia Gómez Urbán ha afirmado que: «La Junta de Castilla y León lleva años incumpliendo su obligación de garantizar este derecho dentro de la sanidad pública. No es aceptable que, en pleno 2026, las mujeres de Valladolid tengan que seguir dependiendo de una clínica privada para acceder a una prestación que forma parte de la cartera común del Sistema Nacional de Salud. Mañueco no puede imponer su moralina a un derecho de las mujeres reconocido y protegido por la ley. Los derechos de las mujeres no se recortan por la puerta de atrás ni pueden quedar al dictado de la moralina de ningún Gobierno. La realidad es que, hoy por hoy, las mujeres de Valladolid siguen sin poder ejercer este derecho en su hospital público de referencia.»
