El PSOE exige a la Junta que aclare si considera aceptable señalar a docentes por su ideología política
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una pregunta dirigida a la Junta de Castilla y León tras las declaraciones realizadas por el alcalde de Valladolid en el Pleno municipal del pasado 25 de mayo, en las que llegó a cuestionar públicamente la legitimidad de un profesor universitario para ejercer la docencia por su supuesta afinidad política.
Durante el debate, el alcalde afirmó que “lo que me da mucha más pena es que esté con el sanchismo educando a muchos alumnos y alumnas en la universidad” y reiteró posteriormente que “lo que me molesta no es que usted sea sanchista, es que usted siendo sanchista esté dando clases a alumnos y alumnas”.
Para el PSOE, estas declaraciones son “gravísimas” y reflejan una concepción profundamente incompatible con los principios democráticos, al insinuar que un profesional de la enseñanza puede ser desacreditado o señalado públicamente por sus ideas políticas.
Los socialistas consideran “intolerable” que un cargo público cuestione la capacidad de un docente para enseñar por motivos ideológicos y advierten de que este tipo de discursos suponen un ataque directo a la libertad ideológica, a la libertad de cátedra y al respeto debido a los profesionales de la educación.
El Grupo Socialista denuncia además que normalizar este tipo de señalamientos políticos contra docentes implica cruzar una línea extremadamente preocupante en una sociedad democrática y plural, al trasladar el mensaje de que determinadas ideas pueden convertir a una persona en sospechosa o inadecuada para educar.
Por ello, el PSOE pregunta a la Junta de Castilla y León si considera aceptable que un profesor pueda ser cuestionado, señalado o desacreditado públicamente para ejercer su labor docente por razón de sus opiniones políticas o de su ideología.
Asimismo, exige al Gobierno autonómico una posición clara ante unas declaraciones que no pueden ser relativizadas ni banalizadas, especialmente cuando proceden de una institución pública y afectan directamente a derechos y libertades fundamentales.
